La jueza de Familia de Puerto Madryn Delma Irina Viani le ordenó a la Policía elaborar e implementar un protocolo de actuación con perspectiva de género para tratar episodios de acoso, hostigamiento, segregación, mobbing o discriminación por género dentro de la fuerza.

Es por el caso del repetido maltrato de un comisario a una oficial en la Comisaría 1ª de la ciudad del Golfo. La primera reacción institucional fue licenciar a la víctima e intentar cambiar su lugar de trabajo; la magistrada consideró en cambio que quien debía modificar su horario laboral era el denunciado para no cruzarse con ella ni darle órdenes.

Según la sentencia, la Policía deberá definir un mecanismo de protección, contención y orientación para las víctimas. Servirá para dar un alerta y detener de inmediato las conductas violentas. Ya no es suficiente con las habituales licencias especiales por violencia de género.

La jueza pidió que incluya asistencia técnica, legal y psicológica para las víctimas, y la capacitación en género del personal y de las autoridades. Policía deberá indicar en qué consistirá la capacitación, el organismo o profesional que la impartirá y su duración.

La génesis del fallo es del 24 de febrero, cuando una oficial denunció por violencia de género al jefe accidental de la Comisaría 1ª donde ambos trabajaban. A la víctima le concedieron licencia por 7 días con acompañamiento del Servicio Social; al denunciado lo licenciaron un mes.

En los últimos días el comisario seguía en la 1ª sin portación de arma reglamentaria y a contra turno de la oficial.
Un informe de Psicología Policial sugirió que la afectada dejara de trabajar en esa seccional y fuera a un centro de instrucción. Este consejo se desactivó tras un informe del Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado, que dijo que entre los involucrados hay “una relación laboral asimétrica, con diferente jerarquía dentro de Policía, históricamente caracterizada por poseer una estructura piramidal”.

Consideró que para proteger los derechos de las mujeres lo ideal es desarrollar protocolos específicos. Producen dos efectos: generan espacios de contención, abordaje y orientación y envían un mensaje claro a la organización de que esas conductas no se toleran.

Aunque Chubut cuenta con licencias por violencia, deben ser sólo un complemento de otras decisiones más fuertes. El ETI advirtió que una política contra la violencia “supone más que la sumatoria de medidas administrativas. Un protocolo con perspectiva de género es un soporte para la construcción de espacios seguros y libres de violencia contra las mujeres”.

Por sus experiencias en estos casos, los profesionales le advirtieron a la jueza “un aumento creciente de las denuncias dentro del contexto laboral policial; es de imperiosa necesidad la actuación del órgano regulador de las fuerzas de seguridad”.

“Cuando la institución no arbitra los medios para resguardar la integridad psicofísica de las víctimas, terminan perjudicando a las mujeres con cambios de puestos, áreas y/o horarios de trabajo, recayendo en ellas la forma de resolver la situación, alterando su vida laboral”, desliza el informe.

Con estos datos en mano, en su fallo la jueza advirtió que Policía “debe procurar que los derechos reconocidos en violencia de género no queden en letra muerta. Deben asumir un compromiso efectivo no sólo para cumplir sus obligaciones sino responsabilizándose por su conducta omisiva o por el incumplimiento, garantizando y efectivizando los derechos de las mujeres y previniendo que se susciten episodios en que se conculquen sus derechos en razón de su género”.

“Es imperiosa la necesidad de que cuenten con información y capacitación para deconstruir el modelo patriarcal que admite la violencia machista, colocando a las mujeres en una situación de desventaja o desequilibrio de poder en relación al hombre”.

“No intento interferir en la competencia de la reglamentación de la Policía para reglar su actividad –aclaró-, tan solo pretendo imponerle determinados límites con la sola condición del apego a la Constitución Nacional y en lo relativo a la protección a la mujer vulnerable”.

La magistrada le ordenó al comisario involucrado abstenerse de cualquier acto de violencia, acoso u hostigamiento contra la denunciante. Lo instó a un tratamiento psicológico para que “deconstruya” sus estereotipos y roles de género sexistas. El objetivo es que no repita estos episodios en ningún ámbito y se conduzca sin sesgo machista.

Además hará un curso a su costo para modificar su rol estereotipado de hombre con poder y con derechos de maltrato al género femenino.

A la víctima, la jueza le pidió terapia para que elabore las situaciones de detrimento o compromiso emocional vinculadas al trabajo y que la afectan.

Viani le ordenó a la Policía que ambos tengan horarios laborales distintos para que él no pueda darle órdenes.
No habrá licencias para ella que perjudiquen su desempeño laboral ni se modificará su jornada laboral con cambio de horarios, puestos, tareas o áreas, ni otra medida que impida el ejercicio de sus derechos y discriminen su condición de mujer.

La denuncia de la oficial

Una noche de febrero el comisario denunciado reunió al turno de la Comisaria 1ª fecha por el conflicto salarial con la Policía. La oficial quiso hacerle una pregunta: “No opines, te callás, vos no opinás”, le respondió. Ella insistió, él repitió: “No opines, te callás”.
La situación se repetía desde 5 meses antes. En cada diálogo la víctima no podía terminar de hablar libremente.
Ella comenzó a sentir miedo. Había otras maltratadas. Todo se agudizó cuando el involucrado quedó a cargo de la Seccional.
Hasta le dijo una vez: “Deberían de haber pensado antes de entrar a la fuerza el hecho de haberte embarazado”.
Esa frase hiriente fue un click. “Mi superior siempre me dice que me calle, me hace sentir sumisa y me genera mucha rabia porque no soy así, siempre pregunto, consulto, me saco las dudas, voy al frente, pero esta situación hace que frente a este hombre me quede callada, siento que no tengo derecho a hablarle y es muy feo”, reveló.
No lo denunció antes por una situación similar en la que la desplazada fue ella. “No quiero que me saquen de mi lugar laboral, no soy la culpable y no tengo por qué pagar por esto ni ser yo la persona que saquen de la Comisaría; sólo pedí que me escuchara, que no me quitara la libertad de dialogar y nunca me la dio”.

Agresivo

“Me hace sentir muy vulnerable y no aguanto más; saber que mañana tengo que verlo me pone muy mal, este hombre no puede estar a cargo de empleadas ya que maltrata con formas agresivas”, reveló.
“No quiero ser violentada por la institución y tener yo que salir de la Comisaria como una rata. No quiero ser violentada moralmente y que los empleados se animen a denunciar, este hombre no tiene porqué violentarnos o cuestionarnos por nuestra condición de mujer”. Un dato inédito: es la primera vez que un superior es cambiado de horario para evitar estos episodios.

Fuente: Diario Jornada