Chubut: En el Día de la Tierra Arcioni firmó convenio para darle electricidad a las mineras

El pasado 22 de abril, el gobernador Mariano Arcioni firmó una carta de intención con la empresa China Gezhuoba Group Company Limited (CGCG) para la construcción del Parque Eólico El Escorial en la localidad homónima de la meseta chubutense. La misma contó con la presencia virtual de funcionarios del gabinete nacional y provincial, y la presencia en Casa de Gobierno de la provincia de Jin Wenmo, Gerenta General de la compañía china.

La compañía, con base nada menos que en Wuhan, es una empresa con más del 40% de participación estatal china especializada en ingeniería y construcción. Tiene a su cargo la construcción junto a la empresa argentina Electroinganiería, del controvertido proyecto Portezuelo del Viento al sur de Mendoza que comprometería la cuenca del Rio Colorado, límite entre la provincia de La Pampa, Buenos Aires y Río Negro. Asimismo, ambas están encargadas de las represas Kirchner-Cepernic sobre el río Santa Cruz, en aquella provincia patagónica, entre muchas otras obras. La empresa es una de las mayores constructoras en Latinoamérica.

El acuerdo con CGCG por parte de Arcioni, tiene como fin lograr el apoyo financiero chino a este proyecto, pero ¿a qué apunta semejante inversión en El Escorial?

El proyecto de Parque Eólico en El Escorial viene de larga data. Ya en la gobernación de Martin Bussi (2011-2015), el gobierno de Cristina Fernández había firmado un proyecto para su desarrollo con China. El entonces ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de la provincia, Maximiliano López, habló de una inversión en “el parque eólico más grande de Sudamérica” de U$S 435 millones para la construcción de 85 molinos eólicos con capacidad de generar 200 megawatts por hora.

López destacó en esa oportunidad que la inversión permitiría ahorrar los más de $15 millones de combustible que demandaba la producción de energía eléctrica en usinas termoeléctricas. Lo cierto es que “sobre” El Escorial, pasa la línea de alta tensión Futaleufú-Madryn que alimenta la planta de ALUAR administrada por la empresa TRANSPA, propiedad de Madánes Quintanilla quien desde 1992 detenta el paquete mayoritario de la represa Futaleufú, una concesión que hoy se encuentra en discusión ante el inminente fin del contrato y la intención de Madánes Quintanilla de “reconvertirse” a lo eólico en vista de los grandes beneficios que esto reporta.

En ocasión de firmar el acta compromiso con CGCG, Arcioni, promotor de la megamineria contaminante, habló de reemplazar las usinas termoeléctricas por “energía limpia” para abastecer a Telsen, Gastre, Gan Gan, Paso de Indios y los Altares en la meseta central, como “una gran oportunidad de desarrollo sustentable” reivindicando el discurso de Alberto Fernández en la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático. Más cínico no se consigue.

La inversión sería de U$S 300 millones y la generación anual de 583 gigawatts mediante 40 aerogeneradores de última generación con capacidad de generar 200 megawatts por hora. Asimismo, el parque eólico abastecería a través de la empresa TRANSPA al interconectado nacional al seccionar la línea Futaleufú-Madryn con una nueva estación transformadora, abasteciendo de energía eléctrica a 50 000 hogares. Obviamente, como en el caso de los proyectos megamineros, también aquí la “generación de puestos de trabajo” es parte del discurso oficial.

Si pensamos en el valor preferencial, tres veces más que la convencional, y en dólares que la ley 27.191, o ley Guinle por el senador chubutense que le dio impulso y que fuera promulgada por Cristina Fernández en octubre de 2015, establece para las empresas que vendan energías renovables al sistema energético nacional, se entiende el interés de Madánes Quintanilla en participar de este proyecto. De hecho, otros empresarios ligados al sector energético como Joe Lewis, se volcaron a dicho negocio. Pero si ubicamos geográficamente el mismo, entenderemos hacia donde en realidad esta direccionada la producción de energía eléctrica.

Las minas Veladero, en San Juan, y Bajo La Alumbrera en Catamarca, se abastecen mediante un tendido eléctrico de 500 kv que va desde Mendoza hasta Tucumán, y del cual se desprenden directamente tendidos hacia sus plantas de tratamiento por lixiviación. Por la ley de inversiones mineras estas empresas tienen prioridad en el abastecimiento por sobre las poblaciones de las provincias donde se radican. La Alumbrera consume más energía que toda la provincia de Catamarca y tanta como toda Tucumán. En ambos casos la línea de 500 kv, fue financiada por un fideicomiso tomado por el Estado Nacional y la energía que consumen las empresas mineras se encuentra subsidiada.

El Escorial se ubica 126 kilometros al sur de Gastre, 103 de Gan Gan, cerca de 250 km de Telsen y 115 al norte de Paso de Indios. Su ubicación resulta estratégica para el proyecto de explotación de oro y plata Navidad de Pan American Silver, pero también de los yacimientos de uranio Cerro Solo, Laguna Colorada, Condor y Mirasol sobre los que tienen interés la rusa Uranium One Group y UrAmérica Agentina SA, entre otras mineras. Cerro Solo, de hecho, es el segundo yacimiento de uranio en importancia en el país explorado por la CNEA desde 1997 y que se encuentra suspendido por la ley 5001, pero en caso de aprobarse la zonificación minera se pondría en marcha. Casualmente, o no tanto, son 708 hectareas en El Escorial.

El riesgo que la minería de uranio, que en el caso de Uranium One Group se realizaría mediante el método de lixiviación in situ, conlleva para la salud humana y el entorno ambiental, no compensa el discurso de “sustitución de importaciones de uranio” que han presentado los lobbystas mineros.

Si pensamos que Veladero consume el equivalente a la producción de la central atómica de Atucha I, pareciera que cambiaremos minería por minería. De hecho, Argentina consume aproximadamente 220 toneladas de uranio al año en sus tres centrales termonucleares. Desde 1992 el mineral se importa desde Sudáfrica y el costo anual para el país promedia los U$S 30 millones. En el caso de Cerro Solo, la producción del yacimiento estimada por la CNEA es de alrededor de 8000 toneladas. Con un valor promedio del kilo de uranio de U$S 150, el valor de la producción total de Cerro Solo seria de U$S 1200 millones, de los cuales el Estado provincial recibiría el 4% máximo en concepto de retenciones, es decir unos U$S 48 millones a lo largo de los diez años de vida del yacimiento, que equivalen a unos $38 millones mensuales, un numero insignificante en relación al costo de contaminar el agua del Rio Chubut y el acuífero Sacanana del que beben 250 000 personas que además estarían expuestas al polvo contaminado producto de las voladuras.

 
Al igual que la 7722 en Mendoza, que paralizó la explotación de Uranio en Sierra Pintada, la 5001 ha significado hasta hoy un freno a la pretensión de la explotación minera metalífera con sustancias contaminantes en Chubut, pero el proyecto de zonificación minera en el 70% de la provincia que impulsan en contra de la voluntad popular Arcioni y Fernández pone en riesgo a toda la población. Las multitudinarias marchas lograron quebrar el frente minero en la legislatura y hoy parece que el cálculo electoral se impone a la aprobación del mismo entre los legisladores. Pero el proyecto es parte de un plan nacional que el gobierno de Alberto Fernández busca imponer para que el saqueo minero sea la fuente de recursos con al que pagar la deuda externa ilegal, ilegitima y fraudulenta.

El proyecto del Parque Eólico El Escorial, mientras tanto, es una muestra de cómo el gobierno avanza en la estructura para desarrollar la minería mientras busca la forma de quebrar la voluntad popular. Si en los noventa con Menem se sentó la base legal para el extractivismo en todas sus formas, los gobiernos posteriores fueron avanzando en una agenda de creación de la infraestructura necesaria para tal fin.

La construcción de megarepresas como en Santa Cruz o Mendoza, del mismo modo que el Parque Eólico en El Escorial, no respónden a las necesidades de la población de acceder a la energía eléctrica. Las rutas interoceánicas anunciadas por Arcioni y Carreras en Chubut y Rio Negro respectivamente durante la conferencia del Parlasur en noviembre pasado y que forman parte del COSIPLAN (ex IIRSA), no son para el desarrollo de las economías regionales, sino para abrir las rutas necesarias para el saqueo de nuestros bienes comunes.

Son parte del plan de saqueo que las potencias imperialistas deparan a países atrasados, dependientes y semi coloniales como el nuestro. Son parte de la división internacional del trabajo que impone el capitalismo global. Está en nuestras manos enfrentar este saqueo con la fuerza del ambientalismo, la clase obrera, las mujeres y la juventud en las calles, para poner un freno a la decadencia y la sumisión que nos imponen las potencias imperialistas y los partidos del régimen representantes de la burguesía nacional socia menor de las grandes multinacionales, o transformarnos en una nueva zona de sacrificio.

Fuente: la izquierda diario